Los responsables del proyecto Life+ Veneno, un proyecto financiado por fondos europeos dirigido a reducir el uso del veneno en el medio natural, ha constatado que en cinco años han fallecido unos 143 animales en la provincia por el consumo de cebos envenenados. Sin embargo, insisten en que esta cifra es sólo una punta del iceberg del daño real que los tóxicos colocados a posta por el hombre para eliminar animales silvestres han causado. El coordinador de este proyecto, David de la Bodega, estima que la cifra real de animales muertos por esta práctica ilegal en la provincia toledana puede rondar los 1.400 entre 2005 y 2010, unas 10 veces más.
El informe sobre el uso de cebos envenenados elaborado por el Life+ Veneno apunta que en este periodo, en toda España, se constató el fallecimiento de 4.395 ejemplares de especies de fauna silvestre y doméstica cuya muerte fue debida al uso de cebos envenenados. Pero se remarca que sólo se localiza entre un siete y un 10 por ciento de los animales que realmente han sido envenenados, por lo que se estima la muerte de más de 40.000 ejemplares a causa del uso de veneno en un periodo de cinco años. De la Bodega comenta que el uso de cebos provoca un efecto ‘en cadena’ en el mundo animal, lo que sumado a la inmensidad del campo y a que sólo una parte de los cadáveres hallados son sometidos a la necropsia que confirma la intoxicación lleva al resultado de que el daño del veneno es mucho mayor que el cuantificado. «Estos animales pueden ser devorados por por otros, ser retirados por los propios envenenadores o morir a kilómetros de donde comió el cebo», comenta al explicar las distintas variables que intervienen para explicar que el número de animales envenenados encontrados sea inferior al de víctimas reales.
Así las cosas, los animales muertos encontrados en la provincia toledana suponen aproximadamente un 20 por ciento de los 625 contabilizados en toda la región. En el caso toledano, se han encontrado muertos por envenenanimiento ocho águilas imperiales, ocho milanos reales, 19 buitres negros, y nueve milanos negros, entre otras especies protegidas.
Un delito y un ataque ambiental.
El programa Life+ Veneno ha contado por el respaldo del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y la Junta de Comunidades, que han apoyado este proyecto desarrollado por SEO/Birdlife para visualizar los riesgos de que continúe esta práctica de los cebos envenenados. Su uso suele estar vinculado a la gestión de espacios de caza, con el fin de proteger a especies como perdices controlando la población de aves rapaces y otros predadores. Sin embargo, esta práctica dejó de autorizarse en 1983 y fue introducida como delito en el Código Penal en 1995. El principal motivo fue su carácter indiscriminado, ya que cualquier animal puede caer en el mortal engaño de estos cebos. «Es un método con efectos masivos. Sólo un pequeño cebo usado en Navarra hace dos años causó la muerte de unas 140 rapaces. Pero De la Bodega recuerda otros aspectos condenables de esta práctica. «Es un método cruento, el animal que come un veneno muere tras un horrible sufrimiento», afirma señalando la agonía que para cualquier ser supone un tóxico.
Y el principal problema para que el envenenamiento siga vigente en el medio rural, señalan desde Life+ Veneno, es que no faltan tóxicos para mantener esta bárbara costumbre. En su mayor parte son productos fitosanitarios como herbicidas e insecticidas que son desviados de su uso agrario. De la Bodega apunta incluso al uso de fitosanitarios retirados del mercado precisamente por su alta toxicidad, pero que aún están disponibles en estocajes en establecimientos agrícolas o a la venta en canales no oficiales como los de Internet.
Por todo ello, en las conclusiones del Life+ Veneno se llama a reforzar el sistema de recogida de fitosanitarios fuera de uso para evitar su disponibilidad para envenenamientos, además de reforzar los controles sobre su compra.
Otra cuestión sobre la que De la Bodega pide extremar los esfuerzos es en suprimir la sensación de impunidad con la que actúan los envenenadores, recordando que pueden afrontar penas de hasta tres años de cárcel (con prisión ineludible) y sanciones que pueden rondar los 150.000 euros. En el caso de Castilla-La Mancha, urge a agilizar la instrucción de expedientes para que los autores de estas prácticas tengan una rápida sanción y así se desaconseje su reicidencia. «Esta agilidad es necesaria para que ningún expediente quede sin resolver», comenta.
Fuente: www.latribunadetoledo.es
