Impide que los agentes forestales investiguen delitos ambientales
Las comunidades autónomas podrán recalificar terrenos quemados tras un incendio forestal sin necesidad de esperar los 30
años que indica la actual Ley de Montes, modificada en el año 2006. La
reforma aprobada por el Consejo de Ministros
el 9 de febrero, y que será discutida en el Congreso en las próximas
semanas, acaba con la moratoria y permitirá transformar en urbanística
una finca forestal alegando «interés público de primer orden».
Además, el texto propuesto evitaría que los 6.400 agentes forestales de España
puedan
desarrollar su trabajo de vigilancia del Medio Ambiente como han hecho
hasta ahora. La reforma impide que puedan investigar y remitir a la
Fiscalía sus atestados en casos de delitos penales, es decir en los
grandes atentados tales como
incendios forestales, delitos contra la fauna o la flora o casos de maltrato animal, entre muchos otros.
Tanto los agentes forestales, como los principales sindicatos (UGT,
CCOO, CSIF,...), los Colegios Oficiales de Ingenieros Forestales y de
Biólogos, las cinco grandes ONG ecologistas y la Asociación Unificada de
la Guardia Civil, así como los partidos de la oposición en el
Parlamento, han puesto el grito en el cielo y han lanzado una campaña para intentar detener la aprobación del texto tal y como fue remitido al Congreso.
Los agentes forestales han sido los artífices de denuncias
ambientales sonadas como la que originó la construcción de una mansión
de la familia Oriol-Aznar en el corazón del Parque Nacional de Cabañeros
con una licencia de obra menor o la construcción de dos campos de polo
en una finca privada del Parque Regional del Guadarrama. O también de
las que originaron sentencias del Supremo contra grandes eléctricas como
Endesa por su responsabilidad en incendios forestales causados por
líneas de alta tensión o la condena de una gran empresa catalana de cava
por verter ilegalmente a un río en un terreno protegido del Pantano del
Arroz en Alcarraz (Lleida).
«Somos incómodos porque somos civiles y nos debemos a la legalidad,
no a la jerarquía», explica Luis Díaz, presidente de la Asociación
Española de Agentes Forestales y Medioambientales. «Lo que quiere la
nueva Ley es atar de pies y manos a 6.400 agentes para que no
investiguen delitos ambientales», asegura Díaz.
El texto propuesto por el Gobierno difiere del que estuvo sometido a
exposición pública hace unos meses y transformará a los agentes
forestales desde su condición de auxiliares de la justicia (jueces y
fiscales) a la de auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
estado. Es decir, que cuando detecten un delito en el campo, no podrán
investigarlo e informar a la fiscalía como hacen actualmente, sino que
deberán llamar al 112 para que la Guardia Civil o el cuerpo que
corresponda haga la denuncia ante la Fiscalía.
La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Begoña Nieto,
aseguró ayer a este diario que los agentes forestales «podrán actuar,
investigar y realizar las mismas diligencias que venían haciendo ya» y
que el texto propuesto sólo trata de clarificar la situación y mejorar
la coordinación en caso de confluencia de efectivos de este cuerpo
-considerado policía judicial en sentido general- con las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado.
Sin embargo, la redacción del artículo 58 deja claro que las
funciones de los agentes medioambientales se mantendrá sólo cuando
actúen como «policía administrativa», es decir, cuando se trate de una
falta administrativa. En casos de delitos penales, como el
envenenamiento de un lince ibérico o un águila imperial; una obra ilegal
en terreno protegido o un incendio forestal intencionado, no podrán más
que esperar sin tocar nada a que llegue la Guardia Civil. Esto a pesar
de que el Ministerio Fiscal alaba cada año en su memoria el buen hacer y
la calidad de los atestados elaborados por los agentes forestales. Un
portavoz del Ministerio asegura que la intención de la reforma es sólo
mejorar la cooperación en caso de confluencia de dos cuerpos distintos y
que el texto, «si se puede mejorar, se mejorará porque aún está en
trámite parlamentario».
«A quien beneficia que se investiguen menos o no se investiguen los
delitos ambientales es a los delincuentes y a quien le interesa que se
recalifiquen terrenos quemados es a los especuladores», asegura Rubén
Paz, secretario general del sindicato Profesional de Agentes
Medioambientales de FSP-UGT.
Sin embargo, algunos expertos restan importancia al posible cambio de
uso de suelo tras un incendio forestal. «La recalificación de terrenos
quemados es irrelevante», afirma Carlos del Álamo, decano del -Colegio
de Ingenieros de Montes. «Sólo el 0,6% de los incendios responde a esta
causa. Pero lo lógico sería que un juez determine el tiempo que debe
estar ese terreno con el mismo uso», opina Del Álamo.
Según Nieto, la medida está destinada a evitar que se usen los
incendios forestales para evitar el desarrollo de una determinada
infraestructura de uso público. «Hay quien incendia para evitar la
expropiación de su terreno», dice Nieto, quien insiste en que el cambio
de uso de suelo debe expresarse mediante Ley y «sólo por causas
imperiosas de interés público de primer orden», como cita la reforma
propuesta. La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en el
Congreso, Pilar Lucio, espera que «el enésimo despropósito
medioambiental del PP en esta legislatura no llegue a cometerse».
Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2015/02/25/54ece34e268e3e0d4d8b4575.html
